Un informe de carácter reservado elaborado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas en el ámbito político y de la seguridad. El documento, que habría sido preparado con motivo de una posible visita del Presidente de la Nación, ha señalado diversos “escenarios de riesgo” y potenciales incidentes que podrían ocurrir durante el evento.
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el informe analiza la situación social y política actual, y plantea la posibilidad de que la presencia del mandatario en la provincia genere protestas, disturbios o “agresiones personales”, incluso por parte de manifestantes que no estén vinculados a partidos políticos o movimientos sociales tradicionales. El documento no nombra a grupos o individuos específicos, pero advierte sobre la “polarización social” y el “alto grado de conflictividad política” que se vive en el país.
El Ministerio de Seguridad bonaerense habría recomendado una serie de medidas precautorias para reforzar el operativo de seguridad. Entre las sugerencias se encontrarían el uso de efectivos con identificación clara y visible, evitar la cercanía con la multitud, y la necesidad de contar con un plan de acción rápido y eficaz ante cualquier imprevisto. El informe también habría hecho un llamado a la prudencia y a la moderación en el discurso de las autoridades, con el fin de evitar un “efecto de escalada” que pueda desembocar en situaciones de violencia.
La revelación de este informe ha generado un debate sobre la situación de seguridad en el país y el rol del Estado para garantizar el orden público y la integridad de los funcionarios. Voceros del Ministerio de Seguridad nacional habrían minimizado la gravedad del documento, calificándolo como un “análisis de rutina” que se realiza ante cualquier evento de alta visibilidad. Sin embargo, la filtración del mismo ha dejado en evidencia la preocupación que existe en los organismos de seguridad ante la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones sociales en el ámbito público. El gobierno bonaerense no ha hecho comentarios oficiales sobre el contenido del informe.