La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado una serie de ajustes y bonificaciones extraordinarias que impactarán a una parte de la población en situación de vulnerabilidad. Estas medidas, que se implementarán a partir de este mes, buscan paliar los efectos de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los beneficiarios de programas sociales.
El Gobierno, a través de la ANSES, ha ratificado el pago de un bono adicional que se sumaría a los haberes regulares de distintos grupos de beneficiarios. Esta ayuda económica, de acuerdo a la información disponible, estaría destinada a jubilados y pensionados, así como a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. La iniciativa respondería a la necesidad de reforzar los ingresos de los sectores más sensibles ante la dinámica económica actual.
En este marco, se prevé un incremento en los montos de la AUH, que, sumado al bono, podría llevar el ingreso total por beneficiario a una cifra superior a los 390.000 pesos en algunos casos específicos, según se desprende de la información oficial. Este ajuste se enmarca en la Ley de Movilidad Jubilatoria, un mecanismo que busca actualizar los haberes de acuerdo con la variación de salarios y la recaudación del Estado.
Adicionalmente, se espera que el Ministerio de Economía, en conjunto con la Anses, continúe evaluando nuevas medidas de asistencia. Se ha hablado de la posibilidad de implementar otros bonos o ayudas focalizadas para quienes perciben jubilaciones mínimas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Estos posibles apoyos buscarían complementar las subas ya previstas por la ley, con el fin de proteger a los adultos mayores de la depreciación del valor de la moneda.
Las autoridades del área social han enfatizado que el objetivo de estas políticas es mantener el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sin embargo, analistas económicos señalan que, si bien estas medidas pueden generar un alivio a corto plazo, su efectividad a largo plazo dependería del control de la inflación y de un plan económico integral que asegure la estabilidad de los precios. La implementación de estos incrementos y bonos se interpreta como una respuesta directa a las presiones económicas que enfrentan los hogares de bajos ingresos.